CENTRO DE ANALISIS Y PROSPECTIVA - NOTAS
La política de interior en la octava legislatura
En este año 2000 España estrena su octava legislatura democrática. El nuevo gobierno mantendrá las líneas generales de la política de interior, que en la pasada legislatura cosechó un elevado grado de aceptación por los ciudadanos. Pero el mantenimiento de una política eficaz exige continuamente nuevas iniciativas, porque en un mundo sometido a un acelerado ritmo de cambio la innovación es indispensable. El terrorismo (que ha tenido este verano un siniestro protagonismo), la droga, la inseguridad ciudadana y el medio ambiente, cuestiones todas que pueden englobarse en el marco de la política de interior, son tras el paro los principales temas que preocupan a los españoles, según el barómetro del CIS de diciembre de 1999. Y para proteger la seguridad de los ciudadanos frente a los cambiantes desafíos que surgen incesantemente habrá que desarrollar nuevos proyectos. Una lectura del programa electoral del PP, ampliamente refrendado por las urnas, y de la primera intervención del ministro del Interior Mayor Oreja ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, que tuvo lugar el pasado 14 de junio, permiten una aproximación a las grandes líneas que se van a seguir durante los próximos cuatro años.
1. Una política global contra el terrorismo de ETA.
El enfoque del ministro del Interior respecto a este doloroso problema parte de la base de que resulta absurdo separar medidas políticas y policiales. Frente a una ofensiva de ETA y su entorno cuyo objetivo es eliminar la libertad de una parte muy sustancial de los vascos, para imponerles un objetivo independentista que no comparten, es necesaria una política global, dentro de la cual tienen una gran importancia las medidas policiales pero que no se agota en ellas.
Esta política excluye la negociación política con los terroristas y el pago de un precio político por la paz, lo que significa que no se van a hacer concesiones contrarias a la voluntad democrática de los vascos y del conjunto de los españoles para satisfacer el chantaje de ETA y sus colaboradores. Por el contrario se trata de neutralizar democráticamente tanto la acción terrorista de la banda armada como la ofensiva nacionalista contra la Constitución española y el Estatuto de Autonomía vasco. Y esto requiere un cambio en la dirección política del País Vasco, porque un gobierno minoritario como el de Ibarretxe, que depende del brazo político de ETA para ganar cualquier votación parlamentaria, resulta un instrumento muy poco adecuado para la defensa del Estado de derecho y de la libertad de todos los vascos.La respuesta ciudadana expresada en el llamado espíritu de Ermua, la unidad de acción de los partidos democráticos, la firmeza en la aplicación de todos los medios legales del Estado de Derecho, la potenciación de los servicios especializados en la investigación de las actividades de ETA y el desarrollo de la cooperación internacional, especialmente con Francia, son otros tantos pilares de esa política.
El gobierno propuso, el pasado 8 de septiembre, un conjunto de reformas legales que refuercen el Estado de Derecho frente a la amenaza del terrorismo y pongan fin a la sensación de impunidad que se percibe en el entorno de ETA. Las propuestas se refieren a los siguientes ámbitos:
- Ampliación del concepto de terrorismo, para englobar las distintas formas de violencia callejera que emplea el entorno de ETA. Esto supone que se consideren terroristas todos los delitos encaminados a atemorizar a un sector de la población. También quedará tipificado el transporte de componentes destinados a la fabricación de explosivos con la finalidad de ser utilizados en actos de terrorismo.
- Nueva tipificación penal de la exaltación y justificación del terrorismo. Serán castigados con penas de prisión quienes ensalcen o justifiquen, mediante cualquier medio de expresión pública, los delitos de terrorismo o a quienes hayan participado en su ejecución. También se castigarán los actos de humillación y desprecio hacia las víctimas del terrorismo y sus familias.- Reforma de la Ley penal del Menor, que entrará en vigor en enero del 2001, en lo referente a los delitos de terrorismo. Esta ley no podrá ser aplicada en ningún caso a los culpables de terrorismo que se hallen en el tramo de edad entre 18 y 21 años (para el que su aplicación queda a la discrecionalidad de los jueces en los demás casos). A quienes se hallen entre los 14 y 18 años se les aplicará la Ley del Menor, pero serán juzgados por la Audiencia Nacional (lo que requerirá la creación de un Juzgado de Menores en el seno de la misma) y serán internados en centros específicos durante un tiempo que puede ser superior al previsto por dicha ley para el caso de los restantes delitos.
- Consideración de atentado a la autoridad para los ataques contra las corporaciones locales y sus miembros. Esto supone un endurecimiento de las penas en el caso de atentados a concejales y el castigo a quienes impidan o alteren la celebración de plenos municipales.
- Extensión de la pena de inhabilitación para cargos públicos de los condenados por terrorismo. Será obligatoria, no potestativa del juez como hasta ahora, en el caso de las condenas inferiores a diez años de cárcel, y podrá extenderse a 20 años en el caso de condenas mayores.
En el plano de la acción judicial y policial hay que destacar la operación Lobo Negro, efectuada por el CNP y coordinada por el juez Baltasar Garzón, que ha llevado a la detención el 13 de septiembre de veinte presuntos dirigentes de Ekin. Esta organización, presentada públicamente en noviembre de 1999, ha venido a sustituir a KAS en su función de órgano político directivo del entramado de ETA. Su desarticulación representa por tanto un éxito de primera magnitud de la política antiterrorista, al que ha seguido otro: la operación de la policía francesa, en colaboración de la Guardia Civil, que ha llevado a la detención del jefe militar de ETA y a la desarticulación de gran parte de su aparato logístico.
2. Cooperación europea y lucha contra el crimen organizado transnacional.El mundo del delito no ha permanecido al margen de la globalización. Uno de los fenómenos más preocupantes de los últimos diez años ha sido la expansión internacional de las grandes organizaciones mafiosas de distintos países. En España, que no es un país especialmente afectado por este fenómeno, se detecta sin embargo la presencia de elementos mafiosos colombianos, italianos, rusos, kosovares y chinos, que han elegido nuestro país como lugar de residencia o desarrollan en él sus actividades delictivas en el terreno del narcotráfico, el blanqueo de dinero, el tráfico de personas o el atraco. Y frente a ese desafío no es posible que los Estados mantengan unos espacios judiciales y policiales estancos, con consecuencias tan lamentables como las dificultades legales que hasta hace bien poco impedían la extradición a Italia de mafiosos residentes en España. El acuerdo firmado por los ministros de Justicia de España e Italia el pasado 20 de julio representa un paso importante para la superación de tales dificultades y para una mayor cooperación de ambos países en la lucha contra el crimen organizado.
El gobierno español ha sido uno de los principales impulsores de una política común de justicia e interior en la Unión Europea, que se traducirá en un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. El paso decisivo se dio en el Consejo Europeo extraordinario de Tampere, celebrado a propuesta de España y durante la presidencia finlandesa en octubre de 1999. En el campo de la justicia se adoptó allí el principio fundamental del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, cuya puesta en práctica se iniciará con la definición de un calendario de objetivos antes del próximo diciembre. España propone que, en el caso de los delitos más graves, como terrorismo, crimen organizado, tráfico de drogas y de seres humanos, se establezca una orden de busca y captura europea y el tradicional procedimiento de extradición sea sustituido por el sistema de entrega inmediata.
Y en el campo de la seguridad se acordó en Tampere un incremento de la cooperación contra la delincuencia, que en particular se concretará en:
- La creación de equipos conjuntos de investigación para luchar contra el tráfico de drogas, la trata de seres humanos y el terrorismo.- La creación de una academia de policía europea para funcionarios de nivel superior.
- La ampliación de las competencias de Europol en la lucha contra la trata de seres humanos, la explotación de mujeres y niños y el blanqueo de dinero (aspecto este último al que se le ha dado especial relevancia, porque se halla en el centro mismo de la delincuencia organizada).
- La creación de Eurojust, unidad integrada por fiscales, magistrados o agentes de policía, adscritos temporalmente por los Estados miembros.El gran reto de los próximos años es el de llevar a la práctica estas decisiones y en ese aspecto tendrá gran importancia el segundo congreso extraordinario sobre el tema (Tampere II), que organizará la presidencia belga en otoño del 2001 y cuyos acuerdos habrá de impulsar la presidencia española en el primer semestre del 2002. Una aspiración fundamental del gobierno español es el establecimiento de una orden de busca y captura europea para delitos especialmente dramáticos de crimen organizado transnacional, terrorismo, tráfico de seres humanos o pederastia.
3. La policía de proximidad, una garantía de seguridad para el ciudadano.
Para incrementar tanto la seguridad objetiva de los ciudadanos como su sensación subjetiva de seguridad, en la que juega un papel muy importante el pequeño delito, se trata de desarrollar el modelo de policía de proximidad, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Esto supone una policía más cercana al ciudadano, cuya presencia en la vía pública actúe como factor preventivo del delito, y más accesible, lo que requiere mejorar las dependencias policiales de atención al ciudadano. También se extenderá el servicio de denuncias por teléfono e internet.
El mantenimiento del despliegue de la Guardia Civil en sus más de dos mil puestos contribuirá a esa proximidad. Y la policía de proximidad es uno de los dos pilares básicos (el otro es la especialización) del Plan Policía 2.000, recientemente implantado, que es el diseño estratégico del Cuerpo Nacional de Policía más importante en los últimos años.
4. Un plan de acción contra la violencia doméstica.La violencia contra las personas constituye un tipo de delitos particularmente execrable y dentro de ella la violencia en el ámbito doméstico ha provocado una intensa alarma social. Por ello se trata de tomar medidas preventivas hacia personas y grupos de riesgo, como las mujeres, los menores, los mayores y los marginados. En particular el ministerio del Interior participará activamente, junto a otras instituciones, en la aplicación de las nuevas medidas que muy recientemente se han sumado al Plan de Acción contra la Violencia Doméstica de abril de 1998, de carácter fundamentalmente preventivo. Una de estas nuevas medidas es el establecimiento de un sistema de alarma conectado con la Policía Nacional y la Guardia Civil para dar protección a las mujeres que estén en especial riesgo.
En el año 2001 concluirá el periodo de vigencia del actual plan y se pondrá en marcha uno nuevo, de mayor envergadura.
5. Una política común europea de inmigración.España va a recibir en el próximo decenio un creciente flujo de inmigrantes, porque resulta un punto de destino deseable para muchos extranjeros y porque ella misma los necesita, por motivos económicos y demográficos. Pero a la vez que un factor positivo para la prosperidad española, la inmigración puede resultar una fuente de problemas de convivencia. En palabras del ministro Mayor Oreja, la inmigración es la cuestión más importante que va a afectar a la convivencia de los españoles en las próximas décadas. La necesidad de diseñar una política global de inmigración ha llevado a la reciente creación en el Ministerio del Interior de una Dirección General de Extranjería, encabezada por un Delegado del Gobierno con categoría de Secretario de Estado.
Por otra parte la política de inmigración va a adquirir una dimensión común europea, de acuerdo con las decisiones del Consejo Europeo de Tampere, en el que se sentaron cuatro principios generales:
- La colaboración con los países de origen de los inmigrantes.
- El establecimiento de un sistema común europeo de asilo.
- Una política más decidida de integración, encaminada a conceder a los inmigrantes que hayan residido legalmente durante un periodo a determinar un conjunto uniforme de derechos lo más cercano posible a los de los ciudadanos de la Unión, incluido el derecho a la educación y al trabajo por cuenta ajena o propia, sin olvidar el principio de no discriminación respecto a los ciudadanos del Estado en que residen. Así mismo se deberá conceder la posibilidad de obtener la nacionalidad a quienes hayan residido legalmente durante un periodo prolongado.
- Una gestión eficaz de los flujos migratorios, mediante la cooperación con los países de origen (incluidos acuerdos de readmisión), campañas de información sobre las posibilidades reales de inmigración legal, la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación económica de los inmigrantes, una política común en materia de visados y documentos falsos y una cooperación reforzada entre los servicios de control fronterizo. El control de las fronteras exteriores se verá facilitado por la incorporación del acervo Schengen a la Unión. Hay que añadir que el Consejo Europeo de Feira, de junio de 2000, encomendó a la presidencia francesa la elaboración de un plan de acción contra las redes de tráfico ilegal de personas.
Para desarrollar esta política el Gobierno promoverá una reforma de la ley de la Ley Orgánica 4/2000 que, de acuerdo con los principios adoptados por la UE, reforzará los mecanismos de control de los flujos migratorios y subrayará la distinción entre inmigración regular e irregular.
En la lucha contra las redes de tráfico ilegal de personas y otros tráficos ilícitos, incluido el de drogas, jugará un gran papel el programa SIVE (Sistema Integral de Vigilancia Exterior) de la Guardia Civil. Este sistema recurrirá a las tecnologías más avanzadas, en particular estaciones sensoras con un alcance de diez kilómetros, que permitirá un mejor control de nuestra frontera marítima. Se prevé que en el verano del 2002 se inicie en el Campo de Gibraltar una fase piloto y que en el 2004 se complete su instalación en la costa andaluza, que se considera el área prioritaria, seguida de Canarias.Un aspecto de la política de integración de los inmigrantes en el que corresponde una importante responsabilidad al Ministerio del Interior es de la lucha contra el racismo y la xenofobia, y en particular la lucha contra los grupos racistas organizados y violentos.
6. Un nuevo Plan Nacional sobre Drogas.En los últimos años parece haberse producido en España una ligera reducción del consumo de drogas ilegales. En particular el problema de la heroína, que llegó a crear gran alarma social, ya no es tan grave. Pero esto no supone que la droga no siga siendo uno de los grandes temas de la política de Interior. Por el contrario hay dos hechos muy preocupantes:
- El extendido consumo de fin de semana por parte de los más jóvenes de drogas de síntesis, cuya peligrosidad no perciben claramente. La producción de este tipo de drogas es además muy sencilla, lo que dificulta la reducción de su oferta.
- El importante papel que el territorio español ha adquirido como vía de entrada de droga para el mercado europeo. La conexión entre narcotraficantes colombianos y gallegos es crucial en esto.
Para hacer frente a este problema social se aprobó en diciembre pasado un nuevo Plan Nacional sobre Drogas para el periodo 2000-2008, cuyos pilares son la acción preventiva, a través de campañas de sensibilización; la asistencia a los toxicómanos, y la potenciación de la lucha contra el narcotráfico, en la que jugarán un papel decisivo las unidades de investigación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En particular, se le concede una gran importancia a la lucha contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
7. La lucha contra las sectas destructivas.El estricto respeto del Estado de Derecho a la libertad de conciencia y la libertad de asociación no excluye una actuación contra aquellas sectas que basan su poder en Ala alteración o control de la personalidad@ de sus miembros. La introducción de este concepto fue una de las novedad del Código Penal de 1995, que convirtió a España en un país pionero en la lucha contra tales sectas, al estipular que su utilización convierte en ilícita a una asociación (art. 155).
8. La seguridad vial.
El número de muertos en accidentes de tráfico ha seguido una tendencia descendente durante la década de los noventa, pero sigue siendo muy elevado, lo que hace de estos accidentes uno de los factores más graves de la inseguridad ciudadana. España sigue superando la media de la Unión Europea, que también se viene reduciendo en los últimos años pero que tampoco puede considerarse aceptable. En el conjunto de la Unión Europea los accidentes de tráfico representan la primera causa de muerte de los menores de cuarenta años.La comisaria europea de Transportes y Energía, la española Loyola de Palacio, ha preparado un proyecto para mejorar la seguridad vial que fue discutido el pasado junio por el consejo de ministros de la Unión Europea. Entre las medidas propuestas, de las que se espera una reducción de las víctimas en casi un 30 %, se encuentran:
- Mejoras en el diseño de los automóviles, incluido un morro menos agresivo.
- La homologación a la baja de los niveles máximos de alcoholemia entre todos los países de la UE.
- La instalación de limitadores de velocidad para vehículos ligeros.
- Mejoras en el diseño de las infraestructuras viales, por ejemplo formas redondeadas en los guardarraíles.- La eliminación de tramos de acumulación de accidentes (puntos negros) en las carreteras.
- La obligatoriedad de las luces en la conducción diurna.
En España se prevé el desarrollo de un Plan de Seguridad Vial, una de cuyas principales actuaciones consistirá en el aumento de los efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia. Civil.
9. La protección civil.En este terreno las líneas de actuación previstas son las siguientes:
- Mejorar la coordinación entre las distintas administraciones, para lograr un mismo grado de protección en todo el territorio español.
- Establecer una normativa de autoprotección, que fomente las medidas de prevención de los ciudadanos.
- Impulsar una cartografía digital que permita identificar los riesgos naturales y tecnológicos en todo el territorio español.
- Ampliar los planes de emergencia nuclear.
- Potenciar la formación en protección civil.
- Fomentar la colaboración con las organizaciones no gubernamentales en este campo.- Aumentar la cooperación internacional en la materia, en particular mediante la creación de Unidades de Apoyo ante Desastres, que puedan prestar una rápida y eficaz ayuda en caso de catástrofe.
10. La protección de la naturaleza.La creación en 1988 del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil convirtió a España en uno de los países pioneros en esta materia. La creciente sensibilidad social hacia los temas medioambientales y el desarrollo de la normativa de la Unión Europea sobre los mismos hacen de la potenciación del SEPRONA un imperativo. Por ello se prevé un incremento de sus efectivos hasta un total de 2.000, desplegados por todo el territorio español. El aumento de sus medios técnicos, incluidos los laboratorios móviles de análisis, y el impulso de su ya importante cooperación con las organizaciones no gubernamentales que tienen su mismo objetivo son de los recursos más importantes a través de los que el SEPRONA contribuirá a preservar el patrimonio natural español.
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